Reemplazar e-Tax no basta: primero están los controles

El anuncio de que Panamá reemplazará e-Tax llega después de conocerse una investigación por presuntas irregularidades con créditos fiscales que podrían superar los 40 millones de dólares. Cambiar la plataforma puede ser necesario. Lo que no sabemos todavía, al menos a partir de la información pública disponible, es si cambiarla resolverá la causa del problema.

Esa diferencia importa. Un sistema puede tener vulnerabilidades técnicas, controles insuficientes o registros que no permiten reconstruir una operación. También puede ocurrir que el software registre correctamente lo que personas autorizadas le ordenan, mientras el proceso alrededor permite modificar datos, aprobar trámites o transferir créditos sin una revisión independiente. En el primer caso hay que corregir tecnología. En el segundo hay que rediseñar autoridad, responsabilidades y controles. Y ambos problemas pueden coexistir.

Fachada de la Dirección General de Ingresos. Fotografía oficial publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Lo que se conoce hasta ahora

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que detectó graves irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos y que el esquema investigado habría operado durante varios años, logrando evadir los controles existentes. Entre las medidas anunciadas están la separación de funcionarios vinculados a la investigación, el congelamiento de trámites de créditos fiscales bajo sospecha y la solicitud de una auditoría integral a la Contraloría General de la República.

Durante las audiencias de la denominada Operación Pandora, la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada presentó su tesis sobre una estructura integrada por funcionarios y particulares. TVN reportó que 16 personas fueron aprehendidas inicialmente por su presunta vinculación con delitos de corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y crimen organizado. Según lo expuesto por el Ministerio Público, se habrían alterado registros de contribuyentes, correos electrónicos y representantes legales para gestionar y ceder créditos fiscales de manera irregular. La investigación se habría iniciado con una denuncia anónima y abarca hechos de 2024 y 2025.

La Estrella de Panamá señaló que, entre las 16 personas aprehendidas, 11 eran funcionarios de la DGI, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, y mencionó la presunta participación de abogados y representantes de empresas privadas. La exposición recogida por TVN también hizo referencia a auditores contables.

Todo lo anterior forma parte de una investigación penal en curso. Corresponde a los tribunales determinar responsabilidades individuales. Para analizar el problema institucional no hace falta adelantar culpabilidades: basta observar que la tesis fiscal describe una cadena con personas, permisos, cambios de datos, validaciones, cesiones y uso posterior de créditos dentro del sistema financiero.

La propia DGI explica que ciertos certificados y documentos relacionados con incentivos fiscales pueden proporcionar un crédito al contribuyente para pagar obligaciones tributarias. Su información oficial sobre formas de pago también indica que estos instrumentos pasan por autorizaciones dentro del sistema. Por eso la revisión no debería limitarse al punto donde se registró el crédito. Debe seguir todo su recorrido: origen, validación, cesión, compra, aplicación, modificación y cancelación.

El problema parece más amplio que una plataforma

Mi primera preocupación es que estemos llamando falla de software a lo que puede ser una falla sistémica. No uso la palabra “sistémica” para decir que toda la institución está comprometida ni que cada funcionario actuó mal. La uso porque el riesgo parece recorrer varias etapas y distintos tipos de participantes.

Si una persona podía cambiar el correo o el representante legal de un contribuyente, ¿quién recibía la alerta? Si un crédito podía cederse, ¿quién comprobaba su origen y vigencia fuera del área que lo aprobó? Si una operación superaba un monto o se apartaba del comportamiento habitual, ¿qué revisión adicional se activaba? Si varias acciones sensibles ocurrían en poco tiempo, ¿el sistema las analizaba como una secuencia o cada oficina veía solamente su parte?

Estas preguntas pertenecen al diseño del proceso. Una automatización institucional segura no consiste en pasar más rápido de una pantalla a otra. Tiene que separar funciones incompatibles, exigir doble aprobación donde el riesgo lo justifique, notificar al contribuyente cuando cambian datos críticos y conservar evidencia que no pueda ser alterada por la misma persona que ejecuta la operación.

También necesita límites sobre cuentas privilegiadas, revisiones periódicas de permisos, conciliaciones independientes y alertas comprensibles. Una bitácora que guarda miles de eventos sirve de poco si nadie la revisa o si no distingue una corrección habitual de una combinación anómala de cambios.

Primero el diagnóstico, después la receta

El MEF anunció oficialmente el reemplazo integral de e-Tax por una plataforma digital de última generación. El comunicado promete trazabilidad completa de cada expediente, automatización de procesos que hoy se realizan manualmente y un registro inalterable con seguimiento de los trámites. Chapman lo resumió como una plataforma más robusta donde cada gestión pueda seguirse paso a paso. La dirección es razonable: la administración tributaria necesita trazabilidad, seguridad y capacidad de auditoría.

Sin embargo, el comunicado revisado no detalla el plazo, el costo ni la arquitectura prevista para esa sustitución. Tampoco se ha publicado todavía el resultado de la auditoría integral solicitada. En mi opinión, anunciar el reemplazo antes de terminar y explicar ese diagnóstico pone la solución por delante del problema.

Un análisis posterior al incidente debería reconstruir cada operación investigada y responder, por lo menos, cuatro asuntos: qué acciones permitió la plataforma, qué controles existían pero fueron burlados, cuáles no existían y qué alertas se produjeron sin recibir atención. Solo después puede determinarse qué parte requiere desarrollo nuevo, qué parte puede corregirse en e-Tax y qué reglas administrativas deben cambiar aunque se instale otra plataforma.

No se trata de defender un sistema antiguo. Si e-Tax no puede ofrecer controles modernos, debe reemplazarse. Pero una plataforma pública nueva que reproduzca las mismas autorizaciones débiles, los mismos permisos acumulados o las mismas revisiones internas heredará el problema con una interfaz distinta.

Una migración tributaria no puede improvisarse

Cambiar una plataforma nacional de impuestos no es una actualización menor. Allí existen cuentas corrientes, declaraciones, pagos, expedientes, correcciones, certificados, integraciones bancarias y años de historial. Los contribuyentes dependen de esos registros para cumplir obligaciones, obtener paz y salvos, corregir inconsistencias y sostener operaciones comerciales.

Una transición acelerada puede producir duplicidades, saldos incorrectos, trámites detenidos o diferencias entre el sistema anterior y el nuevo. El costo no recaería solamente sobre el Estado. También lo asumirían empresas y personas que necesitan realizar pagos, presentar declaraciones o demostrar que están al día.

La migración debería ejecutarse por etapas, con reconciliación de datos, pruebas de carga, controles de acceso desde el primer día y operación paralela durante el tiempo necesario. Cada conjunto de información trasladado debe cuadrar con su fuente. Los casos dudosos deben separarse para revisión, no completarse mediante supuestos. También hace falta un plan de reversión si una etapa falla y canales de atención preparados para resolver diferencias sin trasladar toda la carga al contribuyente.

Modernizar es necesario. Hacerlo con prisa, antes de comprender qué ocurrió, puede sumar un segundo problema al que ya se investiga.

Las alertas financieras también merecen revisión

Los créditos investigados, según la tesis presentada en audiencia, habrían sido cedidos y utilizados en operaciones dentro del sistema financiero. Esto abre preguntas legítimas sobre la comunicación entre la DGI, las entidades que recibieron esos instrumentos, la banca, las aseguradoras y los organismos encargados del análisis financiero.

La información pública disponible sí registra alertas anteriores. La Prensa documentó que BAC International Bank presentó el 21 de julio de 2025 una denuncia penal por la presunta falsificación de contratos utilizados para justificar cesiones de créditos fiscales. Según la documentación citada, el banco también informó a la Unidad de Análisis Financiero sobre el cierre de una cuenta que registró operaciones sospechosas. Otra información publicada por La Prensa señala que la denuncia fue archivada provisionalmente y que el Ministerio Público indicó que podría reabrirse; para entonces, la fiscalía especializada ya investigaba la manipulación de e-Tax desde el 2 de mayo de 2025.

Estos antecedentes demuestran que sí hubo reportes concretos. No permiten concluir, por sí solos, si las alertas circularon a tiempo, si fueron relacionadas con otras señales ni si los mecanismos de respuesta eran suficientes. Tampoco autorizan a generalizar sobre toda la banca, las aseguradoras o la UAF a partir de un solo expediente.

Sí corresponde que la auditoría determine dónde debían aparecer las alertas, quién tenía que recibirlas y qué posibilidad real existía de contrastar la validez de un crédito antes de aceptarlo. Si cada participante veía solo un documento aparentemente válido, el Estado necesita un mecanismo seguro de verificación. Si existían señales acumuladas y nadie las relacionó, el problema está en la coordinación y el análisis, no únicamente en la pantalla de e-Tax.

La prevención mejora cuando las instituciones comparten confirmaciones mínimas y pertinentes sin abrir indiscriminadamente los datos tributarios. El objetivo es validar autenticidad, estado y autoridad, no exponer cuánto paga cada contribuyente ni convertir información fiscal confidencial en un registro público.

Blockchain no resuelve una aprobación indebida

Ha surgido la idea de usar blockchain para dar trazabilidad a las transacciones del Estado. Conviene separar la propiedad deseada de la tecnología propuesta. Necesitamos registros resistentes a alteraciones, firmas digitales, sellos de tiempo, historial de cambios y auditoría independiente. Nada de eso exige publicar datos tributarios en una cadena abierta.

Una blockchain pública sería difícil de conciliar con la confidencialidad fiscal si permitiera relacionar personas o empresas con pagos, saldos o movimientos. Una red cerrada y con participantes autorizados podría proteger mejor la privacidad, pero seguiría enfrentando el mismo problema de origen: si una persona con autoridad introduce o aprueba información falsa, el registro conservará de manera impecable una operación indebida.

La trazabilidad puede lograrse con controles menos complejos: bitácoras inmutables, firmas por cada responsable, separación de ambientes, monitoreo de cuentas privilegiadas, comprobaciones automáticas y almacenamiento de auditoría fuera del alcance de quienes procesan el trámite. La seguridad y gobernanza dependen de quién puede hacer qué, con qué evidencia y bajo qué revisión. La tecnología ayuda a hacer cumplir ese diseño; no lo reemplaza.

Qué debería quedar antes de cambiar e-Tax

Antes de contratar o construir otra plataforma, Panamá necesita un mapa completo del ciclo de los créditos fiscales y una matriz que vincule cada riesgo con un control verificable. Ese trabajo debería incluir los cambios de identidad y representación, la creación y cesión de créditos, su aplicación a obligaciones, la intervención de terceros y las excepciones autorizadas.

También debería dejar resultados concretos: alertas al contribuyente ante cambios sensibles; aprobación independiente para operaciones de alto impacto; validación en línea de la vigencia de un crédito; revisión periódica de accesos; análisis de secuencias inusuales; auditoría protegida contra alteraciones; y responsabilidades escritas entre la DGI, el MEF, la Contraloría y los actores financieros que corresponda.

Parte de estas medidas puede implementarse antes de terminar una plataforma nueva. Si se descubre que e-Tax ya genera registros suficientes, pueden fortalecerse el monitoreo y las revisiones. Si las bitácoras son incompletas o los permisos no permiten una separación real, esos hallazgos deben convertirse en requisitos obligatorios para el reemplazo.

El anuncio de una nueva plataforma puede transmitir acción. Pero la confianza no regresará por el nombre de un sistema. Regresará cuando sea posible explicar cómo se detecta una alteración, quién la revisa, qué evidencia queda y cuánto tarda la institución en detenerla.

Cambiar e-Tax puede formar parte de la respuesta. La respuesta completa exige corregir el proceso que decide quién crea, aprueba, modifica, transfiere y acepta un crédito fiscal. Si esa cadena permanece igual, el próximo sistema solo administrará con más velocidad el mismo riesgo.

Fuentes consultadas

• MEF: medidas inmediatas ante irregularidades detectadas en la DGI.
• MEF: reemplazo integral del sistema e-Tax y trazabilidad de expedientes.
• TVN: anuncio de reemplazo del sistema e-Tax.
• TVN: exposición de la tesis fiscal durante la audiencia de Operación Pandora.
• La Estrella de Panamá: audiencia por el presunto fraude de 40 millones de dólares.
• La Prensa: denuncia de BAC por presunta falsificación de contratos.
• La Prensa: posición del Ministerio Público sobre la denuncia de BAC.
• DGI: formas de pago y uso de créditos fiscales.